reading

A manera de presentación

ROLANDO CORDERA CAMPOS*

Con la finalidad de analizar las visiones, los conflictos, los acuerdos y desacuerdos, los equilibrios (entre lo nuevo y lo viejo, entre la permanencia y el cambio), resaltando los claroscuros y alejándose de la unicidad, las divisiones de Historia y de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas echaron a andar un ambicioso proyecto que arrancó en julio de 2008 con la realización del seminario “Historia crítica de las modernizaciones en México”, organizado en siete mesas de trabajo que resultará en igual número de publicaciones. El proyecto busca revisar el pasado y ver qué puede arrojar la experiencia histórica para seguir construyendo nuestro futuro, para precisar, en lo posible, nuestro rumbo y ritmo hacia la modernidad.

Los ensayos que aquí presentamos consideran diversos aspectos de nuestra historia y tienen que ver con las relaciones entre la justicia y el derecho, la Constitución y la democracia; el corporativismo y la estabilidad; las iglesias, el Estado y la sociedad; la economía política mexicana y la globalización; los retos del federalismo; la modernización y la desigualdad; los saldos del crecimiento; así como el expediente de la violencia y la política.

Usos de la Constitución

José Ramón Cossío aborda las perspectivas del Estado social y democrático de derecho; las relaciones entre la democracia y la Constitución, la justicia y el derecho. En su opinión, más que en la base normativa, los cambios en materia constitucional se ubican en la comprensión jurídico-cultural que la sociedad (incluidos el poder público, los órganos jurisdiccionales y el ámbito académico) ha hecho y asumido de la Carta Magna, lo que ha permitido comprender las funciones constitucionales como uno de los elementos importantes de la modernidad jurídica.

Su exposición se inicia ubicando la Constitución como fundación del Estado. Y aunque nada de particular, asegura, tuvo la incorporación al proceso de elaboración de textos constitucionales, es en el plano de las ideas en donde la Constitución de 1857 testimonia el triunfo de la corriente liberal; sin embargo, la Constitución fue entendida, en un principio, más que como un conjunto de normas jurídicas, como mera ordenación del poder público, de las instituciones; quedó como gran símbolo pero no como el referente normativo último de la vida nacional.

Y si bien al final de la dictadura, la Constitución, para la mayoría de los ciudadanos era un texto desconocido e irrelevante; para los juristas críticos, ilusoria; para los ortodoxos, parcial, y para los juzgadores, un texto por demás limitado, resultó en cierta dimensión esencial para el inicio y marcha de la Revolución. Cossío da cuenta de algunos debates constitucionales y dedica espacio a determinados artículos como el 3°, 27, 123. Considera que no obstante la modernización de ciertos contenidos constitucionales (de manera preeminente los de carácter social), buena parte del entendimiento constitucional básico del nuevo texto descansaba en los mismos postulados de la época prerrevolucionaria: la Carta Magna era un instrumento de la política, su normatividad estaba limitada a las formas de realización que le impusieran los jueces.

Durante el siglo XX, aun con las modificaciones hechas, tanto la normatividad constitucional como su función de límite al poder público o su capacidad de generar una racionalidad alternativa siguieron subordinadas a una lógica política; su desarrollo, entendimiento y representación resultaban ser los de un texto que solamente cumplía las funciones de expresión y contención (de acuerdo con sus propios límites) de un régimen. Situación que si bien se ha modificado, en un proceso que no ha sido ajeno a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que ha experimentado la sociedad mexicana en los últimos decenios, a la transición, sostiene Cossío, llegamos con usos y prácticas constitucionales en claro agotamiento.

Además, ahora, la Constitución ha empezado a constituirse en objeto de disputa y búsqueda de sentido a las acciones de una pluralidad de actores; ha dejado de ser el objeto de un partido y ahora cualquier actor reivindica para sí la interpretación que mejor convenga a sus intereses. Contexto en el que se ha “desempolvado” el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que actúa como intérprete último, con una racionalidad distinta a la política, que ha implicado nuevas reflexiones que tienen que ver con lo que se ha resumido en los debates que hacen alusión a la judicialización de la política o la politización de la justicia.

Uno de los asuntos actuales que resulta de la mayor importancia, acota, es entender que la normatividad constitucional debe ser uno de los referentes más importantes de nuestra modernidad, ya que sólo así será posible realizar muchas de las funciones del Estado contemporáneo; lo relevante de nuestro tiempo radica en que la Constitución adquiera un profundo sentido normativo; es decir, que sea regla de restricción de los poderes públicos, que imponga una racionalidad a partir de decisiones democráticas, y que realmente garantice ciertos mínimos sociales básicos.

Liberalización y democracia:
resultados contradictorios

Carlos Elizondo Mayer-Serra aborda la relación entre el corporativismo y la estabilidad política. El XX es el siglo del corporativismo mexicano, postula el autor. En su opinión, fue precisamente gracias a las corporaciones que el país logró la pacificación tras el proceso revolucionario, ya que fueron capaces de institucionalizar exitosamente el conflicto; el arreglo corporativo, sostiene, no sólo se tradujo en estabilidad política sino que hizo posible el proceso de modernización y una prolongada etapa de crecimiento.

Elizondo apunta que las últimas dos décadas del siglo XX se caracterizaron por un amplio y ambicioso ciclo de reformas, en el país y en el mundo. En el caso mexicano, los resultados son contradictorios; por una parte, se liberalizó la economía, pero los mercados tienen poca o nula competencia; el Estado se hizo más esbelto en términos de su intervención directa en la economía, pero no más fuerte; se democratizó el sistema político, pero los órganos de representación tienen una magra capacidad para tomar decisiones en buena medida por el peso que aún mantienen ciertos actores que siguen operando conforme a la lógica corporativa del pasado y que obstaculizan la realización de reformas. Su argumento es que esos grupos ganan con un sistema semicompetitivo que no sólo les permite seguir extrayendo rentas al resto de la economía, sino que sistemáticamente obstaculizan la realización de reformas institucionales. Se trata, asegura, de grupos que han logrado no sólo protegerse de la competencia sino mantener su statu quo recurriendo a recursos formales y materiales.

Su trabajo da cuenta del bajo crecimiento de la economía y de los esfuerzos realizados para promover un mayor crecimiento; de la falta de competencia de los mercados y sus efectos en el conjunto de la economía, poniendo particular atención en los déficit educativos y de formación de habilidades; luego pasa al terreno de la política y asegura que las altas expectativas que el proceso de democratización generó no se han visto correspondidas con los resultados; aunque el voto sea el mecanismo que determina quién gobierna, en la práctica son los intereses corporativos los que suelen determinar cuánto y cómo gobernar. Plantea que la democracia puede servir para aglutinar a los ciudadanos vis-à-vis los intereses corporativos y propiciar reformas benéficas para la mayoría, lo que requiere liderazgos fuertes con estrategias claras, pero también que los ciudadanos se interesen y se involucren en el debate de las políticas para defender sus intereses; el elemento central es una sociedad más dispuesta a presionar por cambios que generen derechos para todos y que limiten los privilegios; sólo así se puede ir construyendo una coalición política que rompa con la actual situación, que califica de ejercicio subóptimo, donde predomina una lógica corporativa ajena a reglas democráticas.

En su opinión entre las reformas por impulsar están una que regule mejor la toma de decisiones en el Congreso; una que abarate las campañas electorales y en general el costo de hacer política; otra que impida los abusos de las autoridades contra el amparo, así como evitar que éste sea un instrumento para evadir o posponer el cumplimiento de la ley; otra que reforme las relaciones laborales y al tiempo que cree mejores condiciones de empleo formal no desconozca los derechos de los trabajadores, y otra más que proteja los derechos de los consumidores.

Más que grupos de poder, relaciones regulares

Jean Meyer se refiere a Iglesia, catolicismo y modernización. Tras citar textos de literatos como Agustín Yáñez e historiadores como Luis González, quienes encontraban un cristianismo ligado a las tradiciones locales, se pregunta ¿qué pasó con un cristianismo tan ligado a la tradición que bien pudo desaparecer con ella? Contra ciertos pronósticos, la revolución cultural que podemos llamar secularización/modernización, si bien obligó a la religión a cambiar, no acabó con ella; aunque algunos pensaron que era el fin de un mundo religioso que el anticlericalismo revolucionario no había podido construir, la realidad es más compleja y contradictoria; en opinión de Meyer, esa separación sólo es posible entenderla bajo el mirador securalización/modernización. La “salida de la religión”, citando a Marcel Gauchet, más que salida se trató de emprender un nuevo camino, tesis que refuta la idea que corrió desde el Siglo de las Luces, que sostenía que la modernización y la secularización caminan al unísono y que por tal razón la luz de la modernización desaparece el arcaísmo religioso. Tanto los secularizadores como los laicistas, sostiene, se han equivocado al pensar que la religión debía circunscribirse al fuero interno del individuo; no han entendido que penetra la cultura (en su sentido más amplio) e impacta todos los aspectos de la vida social.

Hablar sobre la dimensión cultural de la religión requiere tener presente que la secularización adquirió su sentido original en el siglo XVI, durante las guerras de religión en Europa, al designar la desamortización, la expropiación de las propiedades de las autoridades eclesiásticas; sentido en el que secularizar significó para los liberales separar la Iglesia de la economía y la política. La separación Iglesia-Estado es su símbolo y afectó todas las esferas de la vida pública, no sólo política, hasta pretender que la religión quedara sólo en el ámbito privado; sin embargo, con todo y modernización, las grandes preguntas existenciales persisten por lo que ni la religión ha perdido fuerza ni lo profano en la cultura ha eliminado lo sagrado.

Aunque en las democracias occidentales llamadas laicas nos hemos acostumbrado, dice Meyer, a separar la esfera religiosa (adjudicada al fuero interno) de la política (identificada con el espacio público), y que la separación estructural de la Iglesia y el Estado garantizaba teóricamente la doble libertad del individuo y del ciudadano, creer o no, sin la menor coerción social, eso resultó ser una ilusión como lo demostró el conflicto de los años 1914-1938. Por lo tanto, dice, hay que pensar de nuevo en la existencia de la pareja política-religión; la política ha buscado, con señaladas excepciones, en la religión, un fundamento para su legitimidad, y ésta, a su vez, no ha dejado de influir en la política para defenderse como institución y para encontrar o mantener su arraigo social.

Da cuenta de otros paradigmas en relación con la Iglesia católica —como conservadora, ultrarrevolucionaria, derechista, bloque monolítico— y de sus diferentes momentos bajo la batuta de sus diversos papas y en medio de variados contextos nacionales e internacionales, así como de los temas polémicos para (y sostenidos por) su jerarquía. También se refiere al desarrollo, en particular, de los evangélicos y de la relación de la(s) religión(es) con la sociedad.

Para Meyer no se debe olvidar la historia. Debido a la política de laicización los católicos se han comportado como una comunidad que pelea sus propias libertades, que siente que no tiene su lugar en la sociedad mexicana, aun cuando es mayoritaria, y no se siente menos nacionalista que los liberales o los revolucionarios, y aunque en algunos periodos la animosidad anticlerical y la intransigencia católica llegaron a extremos, también en algunos aspectos los católicos han sufrido una discriminación. Y si bien durante años los católicos quedaron tácitamente excluidos de la vida pública o encerrados en la oposición, en México hoy nada justificaría que los católicos formaran un grupo de presión. El Estado ha dejado de perseguirlos hace tiempo, la Constitución ha sido reformada, la libertad religiosa es un hecho, los políticos manifiestan abierta y públicamente su afiliación religiosa, hechos que deben enmarcar la normalidad de las relaciones entre las iglesias y los diferentes niveles del poder.

“Nacionalizar” la globalización

Rolando Cordera y Leonardo Lomelí abordan la crisis del Estado de bienestar, la adopción del paradigma democracia y mercado como “modelo” mundial, el aceleramiento de la globalización, así como la necesidad de redefinir el modelo de desarrollo seguido durante los últimos años por México. Consideran que es pertinente discutir las capacidades del Estado mexicano y sus estrategias de inserción en la globalización, no sólo para entender la historia reciente, sino las circunstancias que han impedido a la nación aprovechar las oportunidades que ofrecen tanto la globalización como la vecindad geográfica con los Estados Unidos y la propia transición demográfica. Una manera constructiva de conmemorar el centenario y el bicentenario es la revisión de nuestra historia reciente y el análisis de las oportunidades perdidas, hacer recuentos de fortalezas y debilidades para discutir la viabilidad del proyecto nacional en una perspectiva histórica que deje atrás la “leyenda negra” del desarrollo anterior, tejida para justificar el cambio estructural. Cualquier reflexión que se emprenda debería reconocer que a lo largo de casi 200 años de vida independiente, el crecimiento económico sostenido ha sido la excepción y no la regla.

El hecho de que los dos únicos periodos prolongados de crecimiento hayan tenido lugar bajo regímenes autoritarios (durante el Porfiriato y en el de 1934-1982) debiera ser motivo de reflexión; la incapacidad de construir puentes entre proyectos de nación antagónicos ha estado presente en nuestra historia política y ha tenido un costo muy importante en términos económicos y sociales. A la necesidad de revisar la pauta de desarrollo reciente del país y reorientarla para hacer frente a los desafíos que la demografía y la desigualdad plantean, se añade la urgencia por lograr que la democracia se consolide.

Recuerdan que a principios de los años ochenta ya se planteaba en la “disputa por la nación” la posibilidad de lograr una nueva combinatoria de proyectos sin que se afectara de manera sustancial la estructura constitucional y, no obstante, desde entonces la Constitución y las relaciones sociales básicas de la economía política se han modificado en varios aspectos fundamentales, bajo el supuesto de la necesidad de darle congruencia institucional al cambio estructural globalizador emprendido, con los resultados que ahora tenemos: modernización y globalización a la america-na, que han desembocado en una difícil circunstancia social de pobreza dura, informalidad laboral creciente y extrema desigualdad.

El desafío que se le presenta a México en la actualidad adquiere una dimensión que va más allá de la alternancia política o del perfeccionamiento de las instituciones electorales y de las formas de representación. Se trata de llevar a buen puerto una política constitucional, entendida como práctica y no sólo como teoría, como vía principal para acometer una reforma del Estado que potencie y coadyuve a consolidar un desarrollo económico y social cuya esencia se ha extraviado de la perspectiva nacional.

Es urgente, consideran, acometer la reforma de las reformas; “nacionalizar” aprendizajes de los países que han sido exitosos en la globalización para adaptarla a nuestras tradiciones y necesidades; ser heterodoxos frente al fundamentalismo del pensamiento y el mercado únicos como receta universal; ser ortodoxos en la afirmación de los intereses nacionales que, en el caso mexicano, se originan en la cuestión social dominada por la desigualdad, la concentración del privilegio y la pobreza de las masas.

Es necesario reiterar, insisten, en que después de más 20 años de una disputa por el ritmo y la dirección para globalizar a la nación, es preciso y factible proponerse nacionalizar la globalización: crear capacidades productivas, institucionales e intelectuales, de imaginación histórica y sociológica innovadoras, para adaptar la tecnología global y hacer que la apertura funcione en favor de la nación.

¿Federalismo modernizado?

Mauricio Merino revisa las dinámicas, los escenarios y opciones frente a las desigualdades regionales y las relaciones entre descentralización y centralización y perspectivas del federalismo mexicano. Si bien éste ha cambiado durante los últimos 25 años, el cambio no ha sido parte de un proyecto político deliberado ni compartido, sino una de las consecuencias de la nueva pluralidad política. La agenda del federalismo se ha modificado sobre la base de negociaciones que no han resuelto los problemas de distribución de competencias, recursos fiscales y espacios de decisión entre los tres niveles de gobierno; para el autor el federalismo no ha formado parte de un proyecto deliberado de modernización de las instituciones políticas del país.

El federalismo fue una solución coyuntural a un problema político, pero no se tradujo en una propuesta de modernización del Estado sino hasta bien entrado el siglo XIX, cuando el liberalismo se identificó plenamente con el proyecto; sin embargo, nuevamente a fines de siglo la consolidación del Estado nacional reclamó mayor centralismo, de modo que aun a despecho del discurso político liberal y de la formalidad constitucional, el federalismo fue visto como problema y no como solución.

Durante la mayor parte del siglo XX, particularmente con la consolidación del régimen presidencialista, el federalismo fue una formalidad constitucional sin cumplimiento práctico, contribuyendo a la sistemática concentración de facultades constitucionales (recursos y decisiones) en el Ejecutivo federal, al amparo del aparato político partidario.

La ausencia de proyecto ha generado tres efectos visibles: una disputa permanente por el control de los recursos públicos entre los tres niveles de gobierno, sin que se haya encontrado una fórmula que sea políticamente satisfactoria ni económicamente eficiente; la ausencia de un sistema de competencias que aclare los límites de las atribuciones y las responsabilidades asignadas a cada nivel de gobierno, y el predominio de los aparatos políticos sobre las instituciones formales de los gobiernos.

Para Merino el federalismo ha sido más bien una formalidad constitucional, sin un cumplimiento práctico, y aunque ha habido cambios como las reformas realizadas en los años de 1983 y 1999 que modificaron las relaciones entre los gobiernos estatales y federal y otorgaron nuevos ámbitos a los municipios y también facultades fiscales y reglamentarias, y a pesar de los cambios políticos registrados en diversos gobiernos locales y de la creación y modificaciones al Sistema de Coordinación Fiscal, en México persiste la necesidad de modificar el régimen de competencias. El gobierno federal no ha renunciado a seguir criterios más o menos discrecionales para la transferencia de recursos fiscales a los gobiernos estatales y/o municipales; conserva el control de las principales políticas sociales y favorece a ciertas entidades desde las políticas públicas.

En este sentido, el federalismo no ha logrado trascender los tres problemas que ha enfrentado desde sus primeros pasos y que han sido, al mismo tiempo, sus desafíos principales: el régimen fiscal, el régimen de competencias y el predominio de los aparatos políticos sobre las instituciones formales. Tampoco la pluralidad política ha conjurado las contradicciones (ni las consecuencias) del régimen de competencias y del sistema fiscal federal; por el contrario, la pluralidad política regional ha añadido nuevas dificultades y desafíos a la gobernación del país, de modo que el federalismo también ha estado mediado por la disputa electoral entre los tres partidos políticos mayores.

Para Merino la modernización del federalismo no sólo pasa por el establecimiento de un nuevo régimen de competencias, apoyado por un sistema fiscal renovado; también se requiere crear las condiciones institucionales necesarias para que los ciudadanos verifiquen, de manera efectiva, que sus gobiernos cumplen con las tareas que les han sido asignadas.

Paradojas de la modernidad

Luis Reygadas y Alicia Ziccardi se refieren a modernización y desigualdades (sociales y regionales), así como a los alcances y las limitaciones de las políticas públicas de combate a la pobreza; plantean el análisis de las diferentes manifestaciones de la desigualdad y la comprensión de las complejas tensiones que, a partir de aquéllas, se generan en México.

La relación entre modernización y desigualdad, apuntan, es paradójica, ya que siendo la igualdad uno de los valores centrales de la modernidad, los procesos que desata suelen generar nuevas formas de desigualdad. ¿Cuáles han sido los saldos, se preguntan, de los años de modernización? ¿Por qué el modelo seguido no ha logrado contrarrestar las causas de la brecha desigual que prevalece en la sociedad? ¿En qué medida la desigualdad está vinculada con los elevados niveles de pobreza que existen en el país?

En la primera parte del ensayo los autores hacen algunas precisiones en torno a los conceptos de desigualdad, pobreza y exclusión social; la segunda contiene una breve evaluación de algunos de los principales procesos de modernización como las políticas de ajuste estructural, la inserción en la globalización, las transformaciones tecnológicas y los cambios sociodemográficos y sus repercusiones sobre la desigualdad; la tercera incluye un diagnóstico de las desigualdades, haciendo referencia tanto a las estructurales como a las originadas por la llamada sociedad del conocimiento.

Si bien las fronteras conceptuales entre desigualdad, pobreza y exclusión social suelen ser poco claras (la complejidad de estos procesos se sustenta en la concurrencia de múltiples causas económicas, sociales, culturales, políticas), no hay duda de que es la dimensión económica la que define el carácter estructural. En este sentido, las políticas de ajuste estructural constituyen una de las dimensiones de la modernización que mayor efecto han tenido sobre la desigualdad.

Asimismo, los autores revisan las relaciones campo-ciudad, las migraciones internas, la desigualdad en el empleo y en los salarios e ingresos de los mexicanos, las diferencias y/o relaciones entre las pobrezas rural y urbana, las desigualdades entre los grupos en atención a la salud, en educación, en conocimientos y acceso a mecanismos informáticos y digitales. Dan cuenta de los efectos de la apertura comercial, la liberalización, de los procesos de desconcentración económica y territorial, de los cambios en las dinámicas poblacionales. Tras su recorrido se preguntan ¿qué puede concluirse sobre las nuevas desigualdades en México? ¿Qué saldos han dejado los ajustes estructurales y los procesos de modernización de las últimas décadas?

Señalan que hay una visión, la optimista, que afirma que México está rompiendo con su historia de desigualdades, misma que no tiene sustento frente a las realidades aunque, aseguran, tampoco es cierta, del todo, la tesis de los críticos per se que señala a la globalización y a las reformas estructurales como las causas de la ampliación de las desigualdades, tesis que no considera la forma en la que se ha insertado México en el mundo y que tiene que ver con las políticas seguidas.

Aunque lo que sí resulta innegable —acotan— es que la nación mexicana arriba al segundo centenario de su Independencia y al primer centenario de su Revolución sin haber resuelto la asignatura pendiente, la herida abierta, de la desigualdad. Muchas zonas y numerosos grupos sociales se han quedado en el camino hacia la globalización, y las viejas fracturas sociales se están reproduciendo bajo las nuevas condiciones de una economía volcada hacia el exterior. La relación entre modernización y desigualdad es, una vez más, compleja y paradójica.

Cambios estructurales,
modernización superficial

En su trabajo, Rogelio Ramírez de la O examina la experiencia mexicana de los últimos 30 años, cuando el crecimiento, interrumpido por las crisis macroeconómicas, fue relegado por el cumplimiento de los objetivos de controlar la inflación y reducir los déficit fiscales. Y aunque no hay duda de que en las últimas tres décadas la economía tuvo avances importantes —con la apertura al exterior—, este desempeño no se ha traducido ni en mayor bienestar social ni en mayor eficiencia económica; el éxito parece radicar en que, con frecuencia, se le ha asociado con una economía mayormente integrada a la economía mundial y, en esa medida, con mejores condiciones para competir y modernizarse. Sin embargo, para en verdad apreciar los avances, es necesario distinguir entre el aumento de la exportación en valor y el valor agregado y empleo que se genera. En este sentido es que las políticas, instituidas desde principios de los años ochenta, no han tenido resultados positivos tangibles para la mayoría de la población, por lo menos en materia de salarios manufactureros, empleo y distribución del ingreso nacional. Ciertamente la estabilidad macroeconómica consolidada en ese periodo fue un logro notable después de varios años de inestabilidad e inflación; sin embargo, el poco crecimiento logrado no ha permitido al país mejorar el nivel de vida de la mayoría en un grado similar al observado en otros países exportadores.

En México los gobiernos han actuado como si el crecimiento tuviera que ser un resultado automático de las políticas públicas aplicadas, que han considerado como intrínsecamente “buenas”, en parte porque son las usualmente recomendadas por los centros financieros internacionales. Entre otras, los gobiernos han recurrido a la desregulación de la actividad económica, de los movimientos de capital y de los sistemas financieros; al libre comercio; a la eliminación de los déficit fiscales; a la autonomía de la banca central, y al retraimiento del Estado.

Al no dar importancia a la falta de crecimiento y sin haber resuelto el papel de los monopolios, los sindicatos y otros intereses creados, el gobierno no ha podido adaptar el modelo ni la estrategia a la realidad nacional y a las exigencias de una liberalización funcional, dando por resultado una modernización en la superficie pero no en el fondo de la estructura económica y social, lo que explica la falta de impulso al crecimiento.

Dos son, en opinión del autor, las lecciones principales de la experiencia mexicana. La primera es que las referencias internacionales sobre políticas públicas que promueven los organismos multilaterales son útiles siempre y cuando se adapten al terreno concreto de una realidad económica y social específica. La segunda es que el tipo de cambio estructural pro liberalización económi-ca ha sido tergiversado al suponer que es posible hacer cambios parciales sin modificar la estructura de poder económico, incluyendo los monopolios, y sin erradicar la corrupción gubernamental.

En la medida en que las políticas públicas no resulten en crecimiento y sean incapaces de sortear las crisis internacionales, la adopción de soluciones estructurales viables está lejana y, en su lugar, prevalece la parálisis.

Entre alternancia y crisis

Guillermo Trejo, por su parte, se refiere a violencia y política; también da cuenta de los alcances y limitaciones del proceso de democratización; de los mecanismos que impulsaron las reformas, y de los límites y las resistencias.

México inició el nuevo siglo, dice, tras dos siglos de vida independiente y contados episodios de vida democrática, con la derrota del PRI en el 2000; en el país se instauraba lo que entonces parecía ser un sólido régimen democrático. En los albores del siglo XXI todo indicaba que México había conjurado su pasado; un nuevo intento de modernización autoritaria ya no había derivado en revoluciones sociales sino en el insospechado arribo de la democracia a tierras mexicanas. Con la llegada de Vicente Fox como el primer presidente no priista tras siete décadas de dominio priista, los elementos mínimos de una democracia representativa parecían cumplirse: reglas de competencia electoral claras y aceptadas por ciudadanos y partidos; autoridades imparciales a cargo de la organización y calificación de los procesos electorales; partidos políticos que ganaban y perdían. Con la derrota del PRI en el 2000 nacía un nuevo régimen político porque el país había superado la prueba de fuego de la transición de un autoritarismo electoral a una democracia electoral.

Ese año, la democracia era el juego que todos aceptaban, el nuevo equilibrio nacional. Arropado en un acuerdo comercial con la economía más grande del mundo y con su nueva vestimenta democrática, se pensaba que México se enfilaba a revertir siglos de pobreza, desigualdad y discriminación; sin embargo, luego de tres años de vida democrática, el país entró en una profunda crisis política en la cual se encuentra todavía entrampado, sin sospechar siquiera su verdadera magnitud ni profundidad.

Trejo organiza su trabajo con base en cuatro ideas. En el primer capítulo da cuenta del papel de la violencia guerrillera en la construcción de las instituciones políticas que permitieron al país transitar a la democracia electoral y las consecuencias de la erosión del orden institucional, con el retorno de la desconfianza electoral y la desinstitucionalización de la izquierda partidista; en el segundo busca retratar la crisis de representación política y perfila una ciudadanía no sólo incapaz de exigir cuentas a sus representantes, sino cada vez más escéptica de las instituciones electorales; en el tercero, ubicándose en un mirador ciudadano, se refiere a la crisis del Estado de derecho y a la inoperancia del sistema de impartición de justicia; en el cuarto sostiene que las patologías político-electorales y la ausencia de un Estado de derecho son claves para entender la explosión de la violencia criminal que ha sumido al país en una guerra civil que no se acepta ni se nombra.

Lamenta que la competencia electoral no sea un mecanismo lo suficientemente poderoso para impulsar reformas que profundicen y consoliden una democracia electoral con un verdadero Estado de derecho. La competencia electoral posibilitó la alternancia en todos los niveles de gobierno, pero más que permitir el aumento de la pluralidad y la intensificación de la competencia, se ha construido una partidocracia a prueba de cualquier intento ciudadano no solamente por acceder a la representación política —al margen de los partidos— sino de cualquier intento por exigir cuentas.

A diferencia de otros momentos de la historia, cuando la violencia y las amenazas revolucionarias llevaron a las élites a liberalizar el poder para prevenir un colapso del sistema, a instaurar un sistema de representación proporcional, dar autonomía a la autoridad electoral, realizar profundas reformas económicas ante la crisis de las finanzas públicas y la amenaza hiperinflacionaria, ahora no parecen estar dispuestas a impulsar reformas macroinstitucionales. Ante la violencia narcocriminal y la erosión del sistema político-institucional, las élites políticas están en un estado de negación. Pensar que la erosión de la confianza electoral y la profunda desconfianza en los partidos son asuntos que no tienen consecuencias políticas es sólo resultado de una grave miopía. Creer que la guerra contra el narco es solamente un asunto criminal y que el ejército ganará la batalla, es querer tapar el sol con un dedo; el problema es estructural. Contrario a las expectativas generadas en el año 2000, asegura Guillermo Trejo, México llega a su bicentenario hundido en una profunda crisis institucional y con un Estado incapaz de hacer frente a la violencia.

Presente y perspectivas

Índice

Siglas

A manera de presentación

Usos de la Constitución

Liberalización y democracia:
resultados contradictorios

Más que grupos de poder, relaciones regulares

“Nacionalizar” la globalización

¿Federalismo modernizado?

Paradojas de la modernidad

Cambios estructurales,
modernización superficial

Entre alternancia y crisis

Presente y perspectivas

Índice

Siglas

A manera de presentación

Usos de la Constitución

Liberalización y democracia:resultados contradictorios

Más que grupos de poder, relaciones regulares

“Nacionalizar” la globalización

¿Federalismo modernizado?

Paradojas de la modernidad

Cambios estructurales,modernización superficial

Entre alternancia y crisis

Liberalización y democracia:
resultados contradictorios

Cambios estructurales,
modernización superficial