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Zelik, Raul

Paramilitarismo: violencia y transformación social, política y económica en Colombia / Raul Zelik; traductora Nelly Castro. – Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Fescol, Goethe Institut, 2015.

416 páginas; 24 cm.

Incluye bibliografía.

Título original: Die kolumbianischen Paramilitärs.

1. Paramilitarismo - Colombia 2. Violencia política - Colombia 3. Seguridad interior - Colombia 4. Contrainsurgencia - Colombia 5. Asistencia militar estadounidense - Aspectos políticos - Colombia 6. Conflicto armado - Colombia 7. Colombia - Política y gobierno I. Castro, Nelly, traductora II. Tít.

303.6 cd 21 ed.

A1483031

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis-Ángel Arango

Título original: “Die kolumbianischen Paramilitärs”. Editorial Westfälisches Dampfboot, Münster, 2009.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro sin el permiso previo por escrito de la Editorial.

3. “Viejas” y “nuevas” guerras: sinopsis de conceptos y doctrinas militares

3.4. Estrategias contrainsurgentes: “guerra moderna” y “guerra de baja intensidad”

4.1. Fundamentos del paramilitarismo: reorientación de la estrategia militar desde 1960

4.2. El nacimiento de los paramilitares: el Decreto 3398 de 1965 y los escuadrones de la muerte “Triple A”

4.3. Surgen el MAS (Muerte a Secuestradores) y las primeras “autodefensas” (1981-1985)

4.5. Hacia la construcción virtual del paramilitarismo como “tercer actor de la guerra” (1990-1998)

4.6.2. El gobierno de Uribe: la desmovilización y el desmoronamiento de las AUC

6.1.2. Territorios cercados: el sur de Bolívar a principios de la década del 2000

7.2. Contrarreforma agraria: los grupos paramilitares como ejércitos privados de latifundistas

7.4. El paramilitarismo y la integración de regiones periféricas al mercado global

8.1. La Doctrina de Seguridad Nacional de EE.UU. y las dinámicas de las guerras asimétricas

8.2. La financiación de las guerras irregulares mediante el narcotráfico: algunos ejemplos

8.2.1. La relación de EE.UU. con la mafia y con el narcotráfico en el sur de Europa y de Asia (1945-1975)

8.3. Irregularización de la guerra estatal: tortura, escuadrones de la muerte, ejércitos paralelos

10. Epílogo: ¿Bacrim o neoparamilitares? Continuidades y rupturas desde la desmovilización de las AUC

El prefijo griego para indica una cercanía espacial o lógica. Así, los paramilitares pueden ser entendidos como una estructura que acompaña al Ejército. La versión alemana de Wikipedia1 habla de tres fenómenos: 1) estructuras semimilitares carentes de armamento pesado (como por ejemplo, la Guardia Nacional de los EE.UU.); 2) formaciones semimilitares de partidos políticos (como la SA nacionalsocialista durante la República de Weimar); y 3) unidades ilegales, pero proestatales, que actúan con la tolerancia o el apoyo abierto de los gobiernos.

Esta definición evidencia varias imprecisiones. Aun cuando los partisanos comunistas europeos durante la Segunda Guerra Mundial disponían de estructuras militares y estaban vinculados a partidos, denominarlos ‘paramilitares’ resulta bastante impropio. Por lo visto, la noción implica una relación estrecha con el Estado o grupos de poder dominantes. En este sentido, el artículo de Wikipedia propone una distinción entre el adjetivo paramilitar y el substantivo paramilitares. Los últimos serían aquellos grupos mencionados en el numeral 3, que reivindican competencias policiales y cuentan con un apoyo secreto desde el aparato del Estado.

En el discurso político y académico colombiano, el término ‘paramilitares’ parece más claro, por lo menos a primera vista. Por paramilitares se entiende a aquellos grupos y unidades cuya meta es la lucha contrainsurgente y cuya violencia está dirigida contra la base social —supuesta o real— de la guerrilla, la izquierda política y los movimientos sociales. En este sentido, cabe señalar que su carácter es diferente al de las bandas criminales. Lo anterior implica una fuerte ambigüedad entre la autonomía que puedan tener los paramilitares frente al Estado y su subordinación a él. Ljodal (2002: 300) propone:

Por paramilitar se entiende cualquier grupo u organización armada de carácter irregular que aparece al margen del Estado, pero no opuesto a él, que reivindica un derecho privado a defender alguna definición del statu quo, pero con un mínimo de autonomía e independencia frente al Estado.

Dado que esta definición implica una relación con el poder estatal, que alude a actividades ilegales del Estado, el término ‘paramilitares’ siempre fue cuestionado por la opinión pública colombiana. Hasta la disolución de las AUC, la cúpula militar prefirió hablar de autodefensas o grupos al margen de la ley. Pero estos términos alternativos son aún más imprecisos. Teniendo en cuenta la intensidad y la forma que asume la violencia paramilitar, el concepto de autodefensa resulta ser un eufemismo. Asimismo, el término de los grupos al margen de la ley impide una diferenciación entre este fenómeno y otros grupos no estatales. Además, sí es verificable —como veremos— que el poder estatal ha mantenido vínculos estrechos con la ultraderecha armada. Por todo eso, la noción ‘paramilitares’ resulta ser la más acertada para describir el fenómeno.

Sin embargo, hay que señalar que la relación entre el poder estatal y los grupos paramilitares es de carácter complejo. El paramilitarismo colombiano no se reduce a la existencia de unidades encubiertas de las FF.MM. Más bien se trata de cuatro fenómenos que se yuxtaponen: a) el sicariato político vinculado al narcotráfico; b) los ejércitos privados de ganaderos, narcotraficantes y otros grupos poseedores de capital; c) las estructuras de vigilancia y patrullaje legales, conformadas por la población civil y armadas por el Ejército; y d) las organizaciones paramilitares que se presentan como actores políticos (tal como lo hicieron las AUC) (cf. Cubides 2001: 130).

Franco (2002) propone diferenciar entre el fenómeno del paramilitarismo paraestatal y del mercenarismo financiado por empresas privadas, pero señala que esta diferenciación difícilmente se puede mantener en la práctica. No obstante, la diferenciación es útil, ya que indica —como lo hace también Cubides en su definición— la existencia de diferentes raíces del paramilitarismo.

Se ha discutido mucho si las pandillas que estuvieron al servicio del Partido Conservador durante la época de la Violencia (de 1948 a 1953), o sea, los llamados pájaros o chulavitas, pueden ser considerados como “paramilitares”. Gloria Gaitán (2004), hija del candidato presidencial liberal populista Jorge Eliecer Gaitán, repetidamente ha defendido esta tesis. Según ella, las pandillas conservadoras fueron conformadas como estructuras paralelas para crear una fuerza coercitiva gubernamental al margen de la ley. El periodista italiano Guido Piccoli (2004) plantea algo similar cuando habla de una continuidad del “sistema del pájaro” que, según él, sigue en pie hasta hoy. El actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (2003) afirmó hace unos años:

Tras el asesinato de Gaitán la insurrección popular que sobrevino, urbana primero y luego rural, obligó a la oligarquía a modificar la práctica selectiva del sicariato a sueldo por una modalidad muy parecida al paramilitarismo contemporáneo: los llamados “pájaros”; estos eran bandas rurales auspiciadas y protegidas por la Policía de entonces, que se dedicaban a quemar poblados, a realizar masacres, a desplazar violentamente la población rural contraria al Gobierno o de partidos diferentes al conservador gobernante.

No obstante, esta equiparación es problemática dado que la Violencia de 1948 a 1953, con su fuerte polarización partidista, fue diferente a los conflictos de décadas posteriores. Esta guerra civil fue más bien una expresión del fraccionamiento partidista de la sociedad colombiana y sus clases dominantes. A pesar de que las contradicciones sociales y las dinámicas de apropiación —tanto desde arriba como desde abajo— jugaron un papel importante en la Violencia, lo principal parece haber sido la lucha por el gobierno, entre los dos grandes partidos.

En este orden de ideas, el Estado no puede caracterizarse como un actor político definido en la época de la Violencia. Con el surgimiento del Frente Nacional en 1958, en cambio, empezó un proceso de unificación y homogenización del poder estatal, de modo que su actuación contra los movimientos populares e insurgentes fue más uniforme. Si asumimos que el término ‘paramilitares’ implica una relación no oficial de estructuras informales con el Estado, las pandillas partidistas de la época de la Violencia no podrían ser calificadas como paramilitares.

Un debate más profundo sobre este problema sería muy provechoso. Sin embargo, esta discusión se sale del marco de esta investigación, pues la Violencia y sus numerosos ejes de conflicto constituyen un campo de investigación complejo y sumamente amplio.

El presente trabajo, dejando de lado el fenómeno de los pájaros, parte de cuatro fases del paramilitarismo en Colombia:

A finales de los setenta, apareció la organización clandestina Acción Americana Anticomunista, que cometió una serie de acciones terroristas: secuestró y desapareció a supuestos militantes de la guerrilla, perpetró atentados contra periódicos alternativos y envió amenazas de muerte a jueces y políticos de tendencia izquierdista. Es llamativo que la Triple A colombiana copiara el accionar de las organizaciones que operaron con ese mismo nombre en Argentina y España.

Investigaciones posteriores de la Justicia colombiana mostraron que la Triple A se creó con integrantes de los mismos cuerpos de seguridad, con lo cual se generaron estructuras militares paralelas y encubiertas (ver apartado 4.2).

Paralelamente a las negociaciones de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y varias organizaciones guerrilleras a principios de los años ochenta, se fundaron nuevas estructuras contrainsurgentes que se expandieron rápidamente por todo el territorio nacional. En Medellín y Cali, capos del narcotráfico crearon el grupo MAS (Muerte a Secuestradores) para protegerse de los secuestros extorsivos de la guerrilla y, más particularmente, del M-19. De forma paralela, en el Magdalena Medio, comerciantes y grandes ganaderos se organizaron en las llamadas autodefensas que, con la ayuda del Ejército, empezaron a golpear, no solo a la guerrilla, sino también a la izquierda política y sindical de la región. En otras partes del país el Ejército obligó a la población civil a conformar milicias de apoyo a las FF.MM. Independientemente de sus diferentes orígenes todos estos grupos desarrollaron una gran dinámica.

Hasta 1987 los paramilitares actuaron en primera medida como comandos sicariales, es decir que realizaban asesinatos selectivos o “desaparecían” a adversarios políticos. A partir de 1988, sin embargo, se multiplicaron las masacres de la población civil y el control territorial de las regiones empezó a jugar un papel fundamental. De esta manera, en marzo del mismo año los paramilitares asesinaron a 20 sindicalistas en dos plantaciones bananeras de Urabá y en noviembre masacraron a otras 40 personas en un asalto a la ciudad minera de Segovia, en Antioquia.

Los grupos paramilitares se presentaron de manera difusa en este período. Actuaron bajo decenas de nombres diferentes y carecieron de una vocería política unificada. Los límites entre sicariato, organizaciones cívico-militares y ejércitos privados comenzaron a diluirse en esta fase.

Por diferentes razones (ver apartados 4.4 y 4.5), en 1989 se produjo una crisis interna y una transformación del paramilitarismo. A partir de entonces los paramilitares empezaron a trabajar por adquirir un perfil público más político. Como resultado de este proceso de reestructuración, en 1994 surgieron las ACCU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y en 1997 se fundaron las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, como una coordinación del accionar paramilitar a nivel nacional. Ambas organizaciones fueron creadas principalmente por los hermanos Castaño —Fidel, Carlos y Vicente—, quienes jugaron un papel clave en el paramilitarismo hasta su desaparición en 1994, 2004 y 2007 respectivamente.

Las AUC se esforzaron por aparecer como un tercer actor del conflicto, diferente a las guerrillas y a las Fuerzas Armadas, es decir, autónomo e independiente del Estado. Para ello, realizaron un intenso trabajo mediático que les permitiera aparecer como un grupo armado dotado de un programa político. Las AUC son responsables de los crímenes de guerra más atroces que ha habido en el país, como por ejemplo las masacres de 1997 en Mapiripán (Meta), la de 1998 en Barrancabermeja (Santander), la de 1999 en La Gabarra (Norte de Santander) y la del 2000 en El Salado (Sucre). En el año 2002, las AUC comenzaron un proceso de negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe, que condujo a una desmovilización por fases hasta el 2006.

Como se mostrará en los apartados 4.5 y 4.6, las AUC mantuvieron relaciones complejas con los aparatos del Estado. La figura de las llamadas cooperativas de seguridad Convivir, creadas por el Estado central en 1994, promovió la formación de grupos de civiles armados, con el apoyo de gobernadores y comandos militares regionales, posibilitando que las AUC dispusieran muy pronto de un gran número de estructuras legales, completamente integradas a su organización (Comisión Colombiana de Juristas 2008a). Las AUC conformaron alianzas políticas encubiertas con los partidos uribistas, en numerosas regiones del país, operando además como instrumentos del Ejército. Al mismo tiempo, empezaron a desarrollar un control político, económico y social propio, y se convirtieron en las organizaciones narcotraficantes más importantes del país. Sobre todo este último factor hizo que las AUC desarrollaran una dinámica propia. A través de relaciones clientelistas vincularon a la población civil a su proyecto y lograron penetrar las instituciones estatales. Es por eso que Duncan (2006), recurriendo al concepto del warlord, plantea a las AUC como señores de la guerra y empresarios de la violencia.

D) LAS BACRIM (BANDAS CRIMINALES EMERGENTES) Y “NUEVA GENERACIÓN” DE PARAMILITARES

A pesar de la desmovilización de las AUC, el fenómeno paramilitar siguió existiendo después de 2006, sobre todo en regiones de conflicto. El Gobierno colombiano se refiere a estos grupos sucesores del paramilitarismo tradicional como bandas criminales o bandas emergentes, reduciendo el fenómeno a las dinámicas del narcotráfico. De hecho, grupos como Los Rastrojos, Los Urabeños, Oficina de Envigado o Águilas Negras, que se nutrieron de las filas paramilitares desmovilizadas, se dedican hoy principalmente al control y a la extorsión de la economía ilícita. Sin embargo, estas estructuras armadas siguen siendo empleadas para cometer asesinatos políticos o desplazar a la población civil. Aunque estas estructuras, a diferencia de las AUC, no manejan un discurso político propio ni obedecen específicamente a lógicas contrainsurgentes, representan un potencial de violencia que puede ser utilizado desde sectores de las élites de poder. En este sentido, el estado actual de estos grupos se asemeja a la situación de las estructuras paramilitares de los años ochenta, que congregaron en su mayoría a bandas sicariales vinculadas a los carteles mafiosos (ver capítulo 10).

1 Disponible en http://de.wikipedia.org/wiki/Paramilit%C3%A4r, consultado el 1.5.2014.

3. “VIEJAS” Y “NUEVAS” GUERRAS: SINOPSIS DE CONCEPTOS Y DOCTRINAS MILITARES

Con la finalización del conflicto bipolar entre la Unión Soviética y EE.UU. en 1989, la lógica de los conflictos militares cambió radicalmente a nivel mundial. La confrontación simétrica entre Estados o bloques militares estructuralmente parecidos fue sustituida por conflictos asimétricos, de apariencia frecuentemente difusa, que tuvieron lugar en el interior de los Estados mismos o de determinadas regiones. En consecuencia, pronto se empezó a hablar de las “viejas” y las “nuevas” guerras. Esta discusión se vinculó, al mismo tiempo, al debate de los Estados fallidos (failing states). Según la tesis principal de este debate, la guerra que se había sometido a la regulación del Estado gracias a un acto de fuerza civilizatorio del siglo XVII estaba “desregulándose” en los conflictos no estatales contemporáneos. En consecuencia, la violencia se había vuelto incontrolable y cada vez más sanguinaria. Se afirmaba, además, que en numerosos países periféricos el monopolio del uso de la violencia estaba en peligro o ya se encontraba completamente desmoronado.

Bajo el Gobierno de Bill Clinton, este escenario amenazante se convirtió en un pilar fundamental de la nueva doctrina geopolítica y militar estadounidense. La administración de Washington creó la fuerza especial State Failure Task Force, destinada a analizar la estabilidad de los Estados con base en diferentes coeficientes bastante cuestionables, por cierto, tales como la densidad poblacional, la ausencia de guerras civiles, rebeliones y genocidios étnicos, la baja mortalidad infantil y el grado de apertura económica de las estructuras frente al mercado internacional (¡sic!) (State Failure Task Force 2000). Los datos procesados por la Task Force le sirvieron al Gobierno norteamericano para decidir sobre posibles intervenciones en todo el mundo.

A partir del 11 de septiembre de 2001 el discurso de las políticas de seguridad dio un viraje, al asumir como paradigma central la idea del “terrorismo internacional”. Dicho discurso mantuvo, no obstante, un estrecho vínculo con el concepto de los Estados fallidos. Se argumentó que “el terrorismo internacional” prosperaba en espacios no estatales, poniendo en peligro la seguridad global. Así, las estrategias asimétricas para conflictos cobraron nueva vigencia.

En este contexto, cabe preguntar qué caracteriza a la “guerra regular” y a los “conflictos asimétricos”; cómo se han desarrollado los paradigmas de la guerra en el pasado; y, por último, qué paradigmas se están imponiendo en la actualidad.

La referencia más importante de la doctrina militar convencional es la obra Vom Kriege (De la guerra) de Carl von Clausewitz (1978). Allí, el oficial prusiano define la guerra como un recurso de la racionalidad política. Según Clausewitz, los Estados recurren a la violencia militar cuando no pueden obtener sus objetivos políticos o imperiales a través de otros medios. A la inversa, la guerra termina cuando el esfuerzo que ella supone es desproporcionado con respecto al objetivo que la motiva (ibíd.: 25). Además, el transcurso exitoso de una guerra no implica, según Clausewitz, su prolongación indefinida, sino que, por el contrario, concluye una vez que la voluntad del adversario ha sido sometida.

El teórico militar pruso dedujo de ello la famosa idea de que la guerra es la continuación de la política por otros medios1. En este sentido, se podría hablar también de una “economización” de la guerra. Análogamente a la formación del sistema burgués de la justicia y el castigo, que economiza el uso de fuerzas y medios (Foucault 2008), se estableció un uso racionalizado de la violencia en la teoría militar. Los partidarios de Clausewitz suelen interpretar este desarrollo como una “domesticación” de la guerra. De acuerdo con este planteamiento, al someter la guerra a cálculos estatales, se le puso un límite a la violencia. Este argumento es clave en el debate contemporáneo sobre los “Estados fallidos”.

Tal interpretación, sin embargo, es uno de los aspectos más cuestionados en la obra de Clausewitz. De hecho, de ella se puede deducir una relación completamente contraria. Si las guerras dejan de ser asuntos existenciales, convirtiéndose en simples medios para la conquista de fines políticos de unos señores feudales muy alejados del horror de la guerra, fácilmente se puede generar una actitud de ligereza en el uso del terror que se le imprime a la guerra. Así, las llamadas guerras absolutistas “de gabinete” aparecen como guerras cínicas y vanas2. Si bien es cierto que la instrumentalización de la guerra como medio para el logro de determinados fines implica su uso racional, esta racionalización conlleva una liberación de la violencia, dado que se reducen los criterios que se deben cumplir para iniciar una guerra.

Clausewitz considera que la guerra exitosa precisa de una “trinidad” entre Gobierno, Ejército y pueblo3. El oficial prusiano plantea que el “carácter del pueblo” debe ser constreñido por los líderes militares y políticos. Frente al intelecto, la razón y la perspicacia, la “audacia” debe pasar a un segundo plano, afirma Clausewitz (1978: 86). Cuanto más poder tiene una persona en el Estado o en las filas del Ejército, más debe saber refrenar sus impulsos belicosos. Según Clausewitz, la importancia del pueblo en la “trinidad” de la guerra puede variar considerablemente. Mientras que el pueblo lo fue todo en las invasiones tártaras y en la Edad Media, y en las viejas repúblicas siguió siendo fundamental, en las guerras de gabinete del siglo XVIII su rol fue mínimo (ibíd.: 209).

El surgimiento de los Estados en Europa conllevó una transformación profunda de la violencia usada en la guerra. Los ejércitos de existencia permanente se convirtieron en instrumentos al servicio de los gobernantes y los cuerpos militares se fueron separando de la sociedad. La guerra, sostiene Clausewitz, se convirtió así en “un mero negocio de los Gobiernos” (ibíd.). Durante el Antiguo Régimen, esto surtió efectos más bien positivos para la población:

El ejercicio de la guerra, tanto en lo que respecta a sus medios como a sus objetivos, se fue reduciendo cada vez más al ámbito del Ejército. El Ejército, con sus recintos fortificados y con ciertas posiciones ganadas, se convirtió en una especie de Estado dentro del Estado. En él el elemento bélico se fue desvaneciendo lentamente. Esto complació a toda Europa, que entendía tal desarrollo como una consecuencia necesaria del espíritu del progreso4 (ibíd.).

No obstante, el mismo Clausewitz entendió esta tendencia como reversible. De hecho, después de la Revolución francesa la población se movilizó militarmente, primero mediante el servicio militar obligatorio y luego a través de la resistencia armada que resultó de las expediciones napoleónicas en la Europa ocupada. En España esta resistencia devino en una guerra de guerrillas. También en otros países el pueblo tomó las armas para resistir. Esto causó una nueva totalización de la guerra:

Desde Bonaparte cambió la naturaleza de la guerra, en la medida en que esta —primero en un bando y luego en el otro— se convirtió en una cuestión de todo el pueblo; más aún, terminó acercándose mucho a su naturaleza verdadera, a su perfección absoluta […]. La energía de la guerra se aumentó enormemente debido al volumen de recursos utilizados y al amplio campo de éxitos posibles, así como a la gran efervescencia de los ánimos. El objetivo del acto de guerra fue el sometimiento del adversario; solo cuando se tenía al adversario impotente en el suelo, podía hacerse un alto para proceder a dialogar sobre los fines de cada cual. De este modo el elemento bélico se liberó de todas sus restricciones convencionales y estalló con toda su fuerza natural5 (ibíd.: 210).

En realidad, a diferencia de lo que plantean muchos de los discursos de las llamadas “nuevas guerras”, el transcurso de la historia en el siglo XIX y XX mostró que el Estado moderno, lejos de ponerle límites a la violencia, preparó el terreno para la totalización de la guerra. La movilización de sociedades enteras y el desarrollo de las grandes industrias militares solo fueron posibles gracias a la estatalidad moderna. Es cierto que el orden westfaliano implicó la edificación de un sistema de convenciones de guerra que distinguió entre población civil y combatientes y reglamentó la protección de soldados capturados en combate. Sin embargo, esta reglamentación se ha quebrantado permanentemente, incluso desde el momento mismo en que fue establecida. Las tropas napoleónicas combatieron la guerrilla española con métodos de guerra irregular. Asimismo, las convenciones de guerra no se aplicaron a los levantamientos armados que hubo en las colonias o a las sublevaciones que ocurrieron en Europa más tarde. En 1904, por ejemplo, Lothar von Trotha, el entonces comandante militar alemán de lo que hoy es Namibia, declaró objetivo militar a la población civil: “Dentro de las fronteras alemanas, se ejecutará a tiros a todo herero, ya sea armado o desarmado, con o sin ganado. No se les permitirá el paso ni a mujeres ni a niños. Se les obligará a volver a su pueblo; de lo contrario serán abatidos a tiros”6 (Kundrus 2004: 31).

A más tardar en la Primera Guerra Mundial se evidenció definitivamente que la reglamentación de la guerra se desmorona como consecuencia de la movilización estatal de recursos. Aunque la guerra fue simétrica e interestatal, el uso de medios de destrucción masiva, cada vez más eficientes, convirtió a las convenciones de guerra en una farsa. Tan solo dos décadas más tarde, la Alemania nazi hizo de la totalización de la guerra incluso un proyecto político7. El proyecto alemán de colonización y la “solución final al problema judío” hizo que la población civil de Europa del Este se convirtiera en objetivo de ataques militares sistemáticos.

Pero no solo la totalización de la guerra puso en entredicho a la guerra regular tradicional. Los movimientos social-revolucionarios del siglo XX también generaron formas distintas de guerra. Con la Revolución rusa y la expansión de los movimientos insurgentes en toda Europa, se impusieron nuevas constelaciones polarizadas de conflicto. El ataque irregular de tropas “blancas” contra la joven Unión Soviética y la resistencia partisana durante la Segunda Guerra Mundial pusieron de manifiesto la creciente importancia de los conceptos de guerra no estatales. En la medida en que se incrementó el potencial destructivo de las armas, las guerras interestatales se hicieron más peligrosas, y por ende más escasas, a partir de 1945, pero a la vez se multiplicaron las insurrecciones armadas y las guerras civiles. Clausewitz, el teórico de la guerra regular, sin embargo, fue por mucho tiempo un referente importante para estrategas guerrilleros y partisanos comunistas. Es cierto que los insurgentes recurrieron a tácticas irregulares, como la formación de unidades pequeñas, móviles y clandestinas que se mimetizan dentro de la población civil, evitando la confrontación directa con el adversario militarmente superior. Pero los fundamentos de Clausewitz ejercieron una influencia duradera en los partisanos también en otro aspecto, esto es, en la primacía de lo político. Toda acción estaba subordinada a una estrategia política, de modo que cada movimiento armado debía cumplir un objetivo político.

Otro aspecto en el orden de ideas de Clausewitz fue el hecho de que los insurgentes comunistas mantuvieran sus aspiraciones en el área gravitacional del Estado, en tanto que consideraban su irregularidad como una fase transitoria hacia la toma del poder estatal. En la medida en que los insurgentes avanzaban hacia este objetivo, se iban convirtiendo en unidades militares regulares. Desde la perspectiva militar, esta transformación era obligatoria, ya que una guerrilla solo puede vencer a su enemigo cuando logra pasar de una estrategia de hostigamientos a una guerra de movimientos, es decir, cuando es capaz de derrotar grandes unidades del adversario. En este sentido habría que hablar más bien de un concepto de irregularidad transitoria8.

En su “Teoría del partisano” (1985a), no obstante, Carl Schmitt9 interpreta la táctica partisana como una ruptura radical en la historia de las guerras. El ensayo, basado en dos conferencias dictadas por Schmitt en el franquista Instituto de Estudios Políticos de Madrid, sostiene que el derecho internacional clásico le dio a la guerra un carácter estrictamente interestatal, mientras que en el transcurso del siglo XX se habría pasado a librar guerras partidistas revolucionarias (ibíd.: 151). Según Schmitt, las guerras interestatales, y particularmente las guerras de gabinete del siglo XVIII, se llevaron a cabo dentro de ciertos límites, debido a que las contiendas se daban entre “iguales”. No obstante, el comunismo, dice Schmitt, introdujo una nueva dimensión de la enemistad. “Solo la guerra revolucionaria es para Lenin la guerra verdadera porque está basada en la enemistad absoluta (sic)” (ibíd.: 153). Mientras que la guerra interestatal regulada por el Derecho internacional europeo no era mucho más “que un duelo ente caballeros capaces de darse satisfacción” (ibíd.: 154), la guerra de la enemistad absoluta no conoce límites.

El argumento es plausible en cuanto puede explicar un fenómeno observado ya por Clausewitz en la Revolución francesa, es decir, la supresión de ciertos límites de la guerra. El renacimiento de la guerra popular10 —primero en el bando de los franceses con el establecimiento del servicio militar obligatorio, y luego en el bando de la resistencia generalizada en los países ocupados por las fuerzas napoleónicas— estuvo ligado al aumento revolucionario de poder de los burgueses frente a la nobleza. Su recrudecimiento fue el resultado de una enemistad política de clases, desconocida en los conflictos que habían tenido lugar entre las monarquías dinásticas europeas. En este sentido, la limitación de la guerra no sería una consecuencia del orden westfaliano establecido a partir de 1648, como muchas veces se afirma, sino de las constelaciones del conflicto propias del absolutismo. Allí donde no existe una enemistad absoluta, no se desencadena una guerra total11.

Schmitt —quien en El concepto de lo político (1985a) define la enemistad como elemento fundamental de todo pensamiento político y la guerra como una práctica política necesaria— afirma que el recrudecimiento de la violencia es una consecuencia lógica de esta “politización por enemistad”:

El derecho de guerra clásico en el derecho internacional no prevé, entre las normas que atañen a la guerra, al menos hasta ahora, la figura del partisano entendida en sentido moderno. Los partisanos son vistos, en todo caso, como una especie de truppe leggere sumamente móviles, pero siempre regulares, como en las guerras del siglo XVII, o bien están simplemente fuera de la ley, considerados como criminales particularmente execrables; para entendernos, están hors-la-loi. Mientras la guerra seguía siendo una especie de duelo leal basado sobre la caballerosidad y sobre (sic) reglas ciertas, no podía ser de otra manera (ibíd.: 119).

Él se ha colocado fuera de la enemistad convencional de la guerra controlada y circunscrita, transfiriéndose a otra dimensión: la de la enemistad real que, mediante el terror y las medidas antiterroristas, crece continuamente hasta la destrucción recíproca (ibíd.: 120).

En este contexto, Schmitt distingue entre el partisano original (un Waldgänger en palabras de Ernst Jünger, es decir, el habitante o caminante del bosque), que tiene un vínculo “telúrico”12 con su patria y, por lo tanto, un carácter defensivo, y el insurgente revolucionario cosmopolita del siglo XX, que actúa de manera agresiva. Su hostilidad política y su irregularidad obligan al Ejército estatal a aplicar el “contraterror”.

En este argumento se encuentra formulado un principio que ha jugado un papel clave en las doctrinas contrainsurgentes, y que sustenta los nuevos debates sobre los conflictos asimétricos. Tal principio supone que la radicalización de la violencia es el resultado de la guerra irregular de los insurgentes. El terror suscitado por las fuerzas de ocupación, en cambio, es entendido como una mera reacción. Esta tesis fue defendida tanto por los militares franceses durante la ocupación de Argelia, como por EE.UU. en la guerra de Indochina que se peleó en los años sesenta, o aun en la reciente guerra de Irak. Schmitt aplica este planteamiento incluso en el análisis de la ocupación alemana en la Unión Soviética, ignorando el hecho de que las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas alemanas (Wehrmacht) no se debieron, en primera medida, a lógicas contrainsurgentes. Como se ha mostrado en investigaciones más recientes, el accionar sanguinario de las tropas alemanas fue el resultado de planes nazis que buscaban asegurarle tierras de asentamiento a su “pueblo sin espacio”. El desabastecimiento sistemático de alimentos para la población nativa y los ataques constantes contra civiles hacían parte de una estrategia dirigida a despoblar los territorios13.

En las tesis de Schmitt se puede constatar, así, una inversión radical de las relaciones de violencia, que ha influido los discursos de las guerras asimétricas hasta la actualidad (cf. Trinquier 1985, Van Creveld 1991, Münkler 2005b). Esta inversión ocurre porque tanto Schmitt como otros autores importantes, posteriores a él, han hecho suya la perspectiva del poder. Apoyándose en Hobbes, defienden que el soberano es quien contrarresta el estado natural de la guerra. El Estado es, por consiguiente, la antítesis de la guerra civil. Schmitt afirma en su Leviathan (2002) que donde hay guerra interna no existe el Estado. A la inversa, la conclusión sería que siendo el soberano el que establece exitosamente un orden (lo cual implica, además, que Derecho y orden son idénticos), el poder estatal necesariamente representa la regularidad, incluso si se trata de una fuerza de ocupación y de opresión. En el concepto étnico-nacional de Schmitt, el telúrico “caminante del bosque” todavía tiene cierta legitimidad. No obstante, al desvincularse de esta categoría nacionalista, la resistencia guerrillera se convierte en violencia subversiva y destructiva del orden, afirma Schmitt.

El estatista alemán supone, además, que el partisano comunista busca desencadenar intencionalmente la represión estatal. Afirma que la guerrilla indochina provocó a los franceses “a replicar con represalias antiterroristas sobre la población civil autóctona” para agudizar su odio contra las fuerzas de ocupación (Schmitt 1985a: 170). Schmitt dice que es así como los partisanos activan una espiral de terror y contraterror, con el fin de desencadenar una movilización política de la población civil. Cada acción contrainsurgente aumenta la hostilidad de la población contra el poder del Estado. En este contexto, Schmitt incluso llega al extremo de afirmar que “cada soldado del ejército regular y quien quiera que vista un uniforme es, para el partisano, un rehén” (ibíd.: 171). La actuación irregular partisana finalmente conlleva la “destrucción de las estructuras sociales”. El miedo, la inseguridad y la desconfianza se extienden bastando “pocos terroristas para colocar bajo presión a masas numerosas” (ibíd.).

Esta argumentación es verdaderamente asombrosa en tanto que plantea que no son las fuerzas de ocupación las que destruyen el tejido para poder controlar a una población rebelde. ¡No!, son los rebeldes los que, recurriendo al terrorismo, provocan el contraterror para movilizar a la población contra el Estado. De acuerdo con esta lógica, la irregularización de las guerras estatales —manifestada en la tortura, el desplazamiento forzado de civiles, etc.— resulta inevitable. La represión más atroz se convierte en una medida de autodefensa del Estado.

A pesar de estos reparos, el escrito de Schmitt aporta elementos importantes para la comprensión del paramilitarismo colombiano. Schmitt introduce un concepto que décadas después fue asumido activamente por los paramilitares colombianos, es decir, el del partisano contrainsurgente:

En este ciclo infernal del terror y de las medidas antiterroristas, frecuentemente la caza al partisano se convierte en una imagen especular de la lucha partisana misma y reafirma la justeza de aquella antigua sentencia, recordada con frecuencia como una orden de Napoleón al general Lefèvre el 12 de septiembre de 1813: “il faut opérer en partisan partour où il y a des partisans” (donde hay partisanos es necesario actuar como partisanos) (ibíd.: 122).

Igualmente, llama la atención la reflexión de Schmitt sobre la figura del corsario. A diferencia del partisano, a quien ve vinculado a un territorio, a una política y a una población definida, el corsario se movía libremente por el espacio, manteniendo “cierto vínculo con la regularidad”, lo cual lo diferenciaba del pirata (ibíd.: 169). Al saquear los barcos mercantiles, el corsario hacía uso de la carta blanca que le había dado un gobierno para golpear los suministros de un poder marítimo rival.

Así, Schmitt admite que los límites entre regularidad y bandolerismo son permeables. El corsario actúa como una especie de empresario de la coerción. Obtiene una licencia —algo parecido a una franquicia— para poder cometer impunemente crímenes que benefician a un imperio. Históricamente, este fenómeno no ha sido para nada marginal. Hasta los Acuerdos de París de 1856, el corsario inclusive era reconocido como una figura del Derecho internacional europeo. El investigador latinoamericano Enrique Dussel (2003) sostiene que el ascenso del imperio británico se debe a las expediciones piratas de Francis Drake en el Caribe. En este sentido, habría que discutir si la cooptación de delincuentes es un instrumento clave para el establecimiento ‘irregular’ de una soberanía.

Durante la expansión de las insurrecciones guerrilleras en Indochina y América Latina, diferentes autores europeos percibieron la relación entre irregularidad y estatalidad de una manera radicalmente diferente a Schmitt. El historiador alemán Sebastian Haffner (1966), por ejemplo, editor de los escritos de Mao Zedong sobre la guerra de guerrillas, a mediados de los años sesenta usó el término de las “nuevas guerras” para referirse al fenómeno partisano en China y Cuba14

ACCU:	Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
Acdegam:	Asociación Campesina de Ganaderos del Magdalena Medio
ANDI:	Asociación Nacional de Industriales
AUC:	Autodefensas Unidas de Colombia
Bacrim:	Bandas criminales emergentes
BCB:	Bloque Central Bolívar
BCCI:	Bank of Credit and Commerce International
Binci:	Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia
BP:	British Petroleum
Cajar:	Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Cepal:	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CGT:	Confederación General del Trabajo
CIA:	Central Intelligence Agency
Cinep:	Centro de Investigación y Educación Popular
Convivir:	Cooperativas de Seguridad
Credhos:	Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos
CTC:	Confederación de Trabajadores de Colombia
CUT:	Central Unitaria de Trabajadores de Colombia
DAS:	Departamento Administrativo de Seguridad
DDR:	Desarme, desmovilización y reintegración
DEA:	Drug Enforcement Agency
DIA:	Defense Intelligence Agency
DSL:	Defence Systems Limited
EAST:	Eagle Aviations Services y Technology
ECCHR:	The European Center for Constitutional and Human Rights
ELN:	Ejército de Liberación Nacional
EMP:	Empresas militares privadas
EPL:	Ejército Popular de Liberación
Erpac:	Ejército Revolucionario Antisubversivo de Colombia
Fadegan:	Federación Antioqueña de Ganaderos
Farc:	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FBI:	Federal Bureau of Investigation
Fedeagromisbol:	Federación Agrominera del Sur de Bolívar
Fedegan:	Federación de Ganaderos
Fedesarrollo:	Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo
FOIA:	Freedom of Information Act
Funpazcor:	Fundación para la Paz en Córdoba
Ganacor:	Federación Ganadera de Córdoba
Ibfan:	International Baby Food Action Network
ICFTU:	International Confederation of Free Trade Unions
Iepri:	Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UN
ILO:	International Labour Organization
IMI:	Israel Military Industries
IPC:	Instituto Popular de Capacitación e Investigación Social
IUF:	International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations
MAS:	Muerte a Secuestradores
Movice:	Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado
MPRI:	Military Professional Resources Inc.
OAS:	Organisation de l’Armee Secrète
OEA:	Organización de Estados Americanos
OIT:	Organización Internacional del Trabajo
OMCT:	Organización Mundial contra la Tortura
OPIC:	Overseas Private Investment Corporation
OTAN:	Organización del Tratado del Atlántico Norte
Pepes:	Perseguidos por Pablo Escobar
SAC:	Service d’Action Civique
Sinaltrainal:	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos
Sintrainagro:	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
Sintramienergética:	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética
Sintraminercol:	Sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional Minera Minercol Ltda
TEDH:	Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
TFP:	Tradición, Familia y Propiedad
UNDP:	United Nations Development Programme
UNHCR:	United Nations High Commissioner for Refugees
Unijus:	Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales de la UN
UNODC:	United Nations Office on Drugs and Crime
Uniban:	Unión de Bananeros de Urabá
UP:	Unión Patriótica
Urapalma:	Unión de Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá
USAID:	United States Agency for International Development
USO:	Unión Sindical Obrera